El problema de la educación en el Perú ha sido y es a través de los años punto de controversia y debate entre los actores de la sociedad, además de ser considerada por muchos como la raíz de todos los males que aquejan a nuestro país; siendo esto así muchas han sido las medidas tomadas por los gobiernos de turno sin lograr un cambio radical para solucionar el problema; la reformas van desde la puesta en vigencia de una serie de normas entre las cuales se regula las polémicas evaluaciones hasta el famoso tercio estudiantil, paralelamente diversos sectores de la población han reaccionado a favor o en contra de las disposiciones dadas; así el SUTEP catalogó al presidente de autoritario, manifestando que se deseaba vulnerar mediante estas normas el derecho sindical o se buscaba manipular políticamente el tema; el debate se vio ensombrecido con una infeliz respuesta por parte del doctor García, al referirse a los maestros de come echados, teniendo como consecuencia inmediata el resquebrajamiento de las relaciones entre el Gobierno y el gremio docente.
El resto es historia conocida se aplicó a los profesores la "Evaluación Censal 2006: Mejores Maestros, Mejores Alumnos", con escándalo incluido, ya que la prueba circulo con varios días de anticipación vía Internet; luego se evaluó a los estudiantes del segundo grado de primaria, finalmente el domingo nueve de marzo de este año se llevo a cabo la evaluación para el nombramiento de docentes; en la cual tuve la oportunidad de participar llevándome quizás el más triste de los recuerdos, ya que pude comprobar que la educación en el Perú esta realmente en crisis; con profesores que comprenden de manera deficiente o no comprenden las instrucciones, con un total desconocimiento de exámenes tipo IBM y de evaluaciones psicológicas; resultará difícil responder de manera correcta los exámenes que se apliquen; además como se dio en la primera evaluación no faltaron las denuncias por filtración de la prueba, a pocas horas de terminado el examen el gremio docente ya exigía la nulidad de la evaluación; mientras que el gobierno de espaldas a la realidad se felicitaba por el éxito de la misma.
Evaluar a los docentes no esta mal, pero centrar el problema en el resultado de esas evaluaciones es un grave error; en un país en el cual no existen políticas educativas a largo plazo, no existen objetivos claros en lo que respecta a educación, no hay respeto a los derechos, no se propicia la comunicación y no existe compromiso con el cambio es muy difícil avanzar.
La prioridad del Estado debe ser evaluar en primer lugar a las instituciones que ofrecen formar profesionales en Educación, ya sea universidades o institutos, públicas o privadas; y es que el Estado hace mucho tiempo olvido que una de sus obligaciones más importantes es la de garantizar una educación gratuita y de calidad, obligación que ha dejado de lado, invirtiendo poco o nada en el sector educación o propiciando que las empresas de particulares cuyo único fin es lucrar aperturen universidades o institutos de baja calidad, con una formación deficiente académicamente; el Estado despojándose de sus obligaciones otorga a los particulares la potestad de educar, perdiéndose así la posibilidad de impartir educación en función de una idea de país, con valores e identidad propios.
El debate debe centrarse en otorgar mayor presupuesto al sector educación; mayor presupuesto a la universidad e instituto público; evaluación a las universidades e institutos, públicos o privadas; clausura de aquellas instituciones privadas que no cumplan con impartir educación de calidad, disponer que no se aperturen más instituciones de formación docente hasta que se evalúe las ya existentes; tender lazos entre el Estado y el gremio docente con el fin de lograr una mejor comunicación, porque ambos son al mismo tiempo el problema pero también la posibilidad de lograr un cambio.
A pesar de lo expuesto los problemas que tiene el país son de carácter estructural, complejos en sí mismos que no sólo atañen al sector educación tiene además que ver con salud, vivienda, derecho a un trabajo digno, entre otros derechos fundamentales.
